España y Portugal firman un convenio para validar certificados electrónicos

El objetivo de este acuerdo es que cualquier ciudadano de España pueda realizar trámites ante la Administración Portuguesa utilizando su certificado español y, de manera recíproca, los certificados que Portugal tenga implantados en sus sistemas nacionales, puedan ser validados por la Administración Española cuando un portugués se dirija a la misma.
España y Portugal han firmado hoy un convenio de colaboración para la prestación de servicios de validación de los certificados electrónicos de ambos países.

El convenio ha sido suscrito en el Palacio de la Moncloa por la Secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, y la Secretaria de Modernización Administrativa de Portugal, María Manuel de Lemos Leitão Marques.

Las ventajas directas de este acuerdo se dan, especialmente, en las zonas limítrofes de los dos países en las que existe una mayor relación de los ciudadanos portugueses con la administración española y viceversa.

Desde el año 2006 el Ministerio de la Presidencia tiene operativa una aplicación informática denominada "@firma" que permite asegurar que es válido el certificado electrónico utilizado por los ciudadanos para realizar trámites con la Administración Pública por Internet.

FUNCIONAMIENTO

Estos certificados pueden ser los del DNI electrónico (aproximadamente más de doce millones expedidos), la Casa de la Moneda u otros emitidos por cualquier otra Autoridad de Certificación Española reconocida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, según determina la Ley de firma electrónica.

De manera análoga, Portugal emite un DNI electrónico y está desarrollando el Sistema de Certificación Electrónica del Estado.

Este convenio es una de las pocas iniciativas de estas características en Europa y está en la línea con los trabajos que se están actualmente desarrollando en el proyecto europeo denominado "STORK".

En este proyecto colaboran España y Portugal junto con otros doce países para el reconocimiento mutuo de las identidades electrónicas existentes en los diferentes socios comunitarios.

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