El Mundo. Multa de 60.000 euros a BBVA por el abandono de datos en un descampado.

VALLADOLID. - BBVA deberá hacer frente a una multa de 60.101,21 euros por el abandono de cientos de documentos confidenciales en un descampado anexo al polígono industrial de San Cristóbal, hecho que fue revelado por EL MUNDO en su edición del 6 de febrero de 2006.


Más de dos años después, la Agencia de Protección de Datos sanciona al banco por una "clara conducta negligente" en su obligación de custodiar información privada de los clientes, pero le impone la menor cuantía establecida para este tipo de infracciones (consideradas graves y que pueden acarrear multas de hasta 300.000 euros) al no percibir intencionalidad por parte de la entidad.



La resolución, firmada la pasada semana y sobre la que BBVA ya ha presentado recurso, imputa al banco un incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas en la legislación vigente (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos) y que, como consecuencia, dejaron al alcance de terceros el acceso a datos personales y financieros de sus clientes.

Entre la información abandonada, contenida en bolsas de basura esparcidas en un montículo lleno de escombros, se encontraban numerosos documentos, desde extractos de cuentas bancarias hasta contratos de apertura de cartillas, solicitudes de créditos y productos financieros, declaraciones de la renta, fotocopias de DNI y correos electrónicos remitidos entre empleados.

La mayoría de ellos aparecieron íntegros, sin ni siquiera destruir, y todos procedían de dos oficinas: la sede central de la calle Duque de la Victoria y la sucursal ubicada en la calle Turquesa. Los papeles hacían referencia a movimientos de cientos de particulares y empresas, tanto de Valladolid como del resto de Castilla y León, así como de instituciones públicas como ayuntamientos de la Comunidad o la propia Administración regional.

La Agencia de Protección imputa la infracción al banco pese a que la empresa de limpieza que tenía contratada reconoció su actuación negligente al hacerse cargo de documentos destinados a su destrucción (de esa tarea se encargaba otra empresa) y depositarlo en dicho descampado, cuando, en todo caso, su destino hubiera sido el vertedero municipal de la carretera de León.

De hecho, Pedro Luis Navarro, entonces responsable de la contrata, (Clisa, que en este tiempo ha sido adquirida por una multinacional) admitió a EL MUNDO su "culpa" en lo sucedido, y atribuyó el error "aislado" a un empleado que días antes había dejado su trabajo. Como era de imaginar, en aquel momento BBVA y Clisa rescindieron el contrato de adjudicación de limpieza.

En esta autoinculpación de la adjudicataria se apoyan los argumentos de los servicios jurídicos del banco, que resaltaron su "desacuerdo" con la resolución sancionadora y han recurrido al considerar el fallo "un error, toda vez que la empresa destructora de papel había reconocido ser la única responsable de tales hechos, exculpando por tanto de todo ello a BBVA".

En las alegaciones presentadas durante el procedimiento, el banco solicitó el archivo de la causa "dada su falta de intencionalidad" y poniendo el acento en su rápida reacción al tener constancia de los hechos.

BBVA achacó lo ocurrido a "una incidencia fortuita" por "la equivocación por parte del operario de la limpieza, confundiendo lo que era simple basura con documentación destinada a su destrucción".

La resolución, sin embargo, rechaza las alegaciones de BBVA al destacar que el contrato de prestación de servicios con Clisa "consistente en la limpieza de los edificios, no contiene cláusula alguna relativa al tratamiento de datos de carácter personal por parte" de la adjudicataria.

Protección de Datos imputa una "falta de diligencia exigible a BBVA", que, según la resolución, vulneró así la confidencialidad de dicha información. Concluye que el banco es responsable de los datos y a la entidad bancaria corresponde adoptar todas las medidas de seguridad para que no se produjera un acceso indebido a éstos.

Señala también que BBVA incumplió su propia normativa interna, en la que obliga a la destrucción dentro de sus edificios de toda documentación con datos personales de los clientes, y que también prohibe expresamente tirar documentación con datos a la basura, "con lo que dichos documentos nunca debieron ser accesibles por el personal de Clisa".

La Agencia abrió una investigación de oficio al tener constancia de los hechos en febrero de 2006 y se puso en contacto con EL MUNDO para solicitar pruebas. El procedimiento comenzó con la comprobación de los hechos. Los inspectores comprobaron en las oficinas de BBVA que la información contenida en los documentos constaban en el sistema de información de clientes de la entidad bancaria. A la vista de las actuaciones previas de investigación se acordó iniciar el procedimiento sancionador que acaba de concluir.

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