Las sanciones a las que se enfrentan comercializadores y usuarios finales por la compraventa e instalación de aires acondicionados que no estén habilitados por la Generalitat podría llegar a los 2 millones de euros.
Según un comunicado de la Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y Frío (Aviclima), el nuevo Real Decreto 115/2017 que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos establece como obligación contratar a instaladores habilitados por la Generalitat por parte del usuario final.
Aviclima ha dado la bienvenida a una normativa que favorece a un sector integrado por 200 empresas y 2.700 profesionales de aire acondicionado, climatización, calefacción, frío industrial y/o comercial y de energía solar térmica que operan de forma autorizada en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, también ha alertado de que ya se pueden empezar a aplicar, tanto al comprador como al vendedor, las sanciones previstas por su incumplimiento que pueden llegar hasta los 3.005 euros en caso de infracciones leves y hasta 2.000.000 si se trata de una infracción muy grave.
Para ello, las comunidades autónomas deben designar el órgano competente al que las comercializadoras deben informar de los compradores que no hayan remitido la documentación solicitada a partir del 1 de enero de 2018.
Al respecto, la asociación ha pedido al Consell que designe, con carácter de urgencia, la Conselleria responsable de aplicar y velar por su cumplimiento.
El presidente de la Aviclima, Francisco Aragó, ha manifestado su preocupación por "el desconocimiento y la incertidumbre existente en torno la normativa" y ha reprochado que "aún estamos a la espera de que Presidencia dictamine la competencia".
En paralelo, con el lema "El increíble aire acondicionado que costó 200.000 euros", Aviclima ha emprendido una campaña con el objetivo de informar acerca del contenido del Real Decreto, concienciar de la obligatoriedad de la contratación de instaladores habilitados por la Generalitat y alertar de las consecuencias sancionadoras.
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